Durante las últimas semanas diversos sectores sociales, incluyendo a estudiantes universitarios, docentes, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, han salido a las calles para protestar contra el paquete de reformas constitucionales que fue aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados, siguiendo el proceso reformatorio de dos Legislaturas y un referendo.

Muchas de estas organizaciones no solo cuestionan el contenido de las reformas aprobadas por los diputados, algunas de las cuales buscan preservar y profundizar las prerrogativas de la clase política y evitan adoptar medidas para prevenir y sancionar ejemplarmente la corrupción en el país, sino también el proceso escogido por el Ejecutivo para adelantar esta enmienda a la Constitución.

Creo que muchas de las críticas a las reformas constitucionales, en materia de contenido, son válidas, sin embargo, desde mi opinión muy personal, considero que quienes exigen la conformación de una Asamblea Constituyente olvidan que este instrumento no está diseñado para reformar constituciones, sino más bien estructurar una nueva Carta Magna, y eso es algo que, a mi juicio, el país no requiere en este momento.

Lo que necesita el país, en las condiciones actuales es fortalecer su institucionalidad, limitando el poder de los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estableciendo los sistemas de pesos y contrapesos necesarios para garantizar la debida independencia de cada uno de ellos y evite los círculos vicioso existentes en la actualidad y que favorecen la corrupción y la impunidad.

Eso significa que todos debemos tener presente que entrar en la conformación de una constituyente no garantiza que al final del proceso tendremos la Constitución que todos queremos, en primer lugar porque seguramente la mayoría de los escaños en ese órgano serían ocupados por los mismos miembros de los partidos mayoritarios que hoy en día ocupan algunos escaños en las Asamblea de Diputados, en segundo lugar porque no habría límites a la hora de revisar la Carta Magna, poniendo en peligro no sólo la estabilidad política del país, podría cesar incluso al propio Presidente de la República, sino también acabar con importantes avances alcanzados previamente, como el Capítulo del Canal de Panamá y en tercer lugar porque a una constituyente no se le puede fijar términos de tiempo.


Además, no debemos olvidar que una reforma constitucional, cualquiera que sea el método que se escoja para llevarla adelante, genera incertidumbre y esto afecta el buen desempeño de la economía, sin embargo, nada es más incierto que el talante de una Carta Magna que es debatida y aprobada por una constituyente, lo que llevaría a muchas empresas locales e internacionales a frenar posibles inversiones en el país hasta que concluya ese proceso, alejándonos de la tan anhelada reactivación económica que tanto necesitamos para reducir el desempleo y que los panameños puedan brindarle una mejor calidad de vida a sus familias.