No hay dudas que las medidas adoptadas por la actual administración poco a poco le han devuelto la confianza sobre el futuro del país tanto al sector empresarial como a los consumidores, sin embargo, la creciente inseguridad pública y la falta de un sistema judicial eficaz, capaz de perseguir y sancionar a quienes delinquen, sin importar su estatus económico o social, garantizando así la igualdad ante la ley y la certeza del castigo, se han constituido en todo un reto, si es que se quiere lograr una verdadera reactivación económica que nos vuelva a poner en la senda del crecimiento.
Todos sabemos que tras el cambio de Gobierno, el país se encontró en una situación económica difícil y prueba de ello es que al cierre del primer trimestre el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 3.2%, manteniendo la tendencia a la desaceleración que ha caracterizado su evolución durante los últimos cinco años.
Sin embargo, hay que admitir que las medidas adoptadas por la nueva administración del presidente de la República, Laurentino Cortizo, para reactivar la economía y reducir el desempleo están teniendo resultados positivos, al devolverle la confianza a empresarios y consumidores sobre las perspectivas del país para este segundo semestre de 2019 y de cara al 2020 año, lo que ya ha comenzado a impactar positivamente la actividad económica.
