Es cierto que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997 luego de 10 años de haberse presentado la demanda correspondiente, dejando en una situación precaria desde el punto de vista legal el Contrato Ley para el desarrollo de uno de los proyectos mineros más grandes del mundo: Cobre Panamá, una mina de cobre a cielo abierto, desarrollada por la empresa Minera Panamá (subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals), valorado en $6,300 millones.
También es cierto que el Órgano Ejecutivo, liderado por el presidente Juan Carlos Varela, no actuó con la responsabilidad necesaria y desatendió las consecuencias que este fallo podría tener para el proyecto Cobre Panamá, al no enviarlo con tiempo suficiente a la Asamblea Nacional (AN) para su debida discusión y aprobación, bajo el argumento que la decisión de la CSJ no afectaba el Contrato Ley de concesión otorgado a Minera Panamá, cuya prórroga se mantiene vigente.
Pero nada de esto justifica la decisión de la Comisión de Economía y Finanzas de la AN de rechazar el proyecto de Ley 766 mediante el cual se reafirma el Contrato Ley de concesión para el proyecto Cobre Panamá.
De hecho, los argumentos para rechazar este Contrato Ley carecen de valor y denotan el profundo desconocimiento de la realidad económica del país de los señores diputados.
