Un gran número de bancos de licencia general anunciaron la semana pasada su decisión de brindarle a sus clientes, empresas y personas naturales, diversas opciones para flexibilizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras ante el impacto que la pandemia de coronavirus (COVID-19) tendrá en la economía del país y sus hogares.

Estas medidas incluyen el aplazamiento de hasta cuatro meses del pago de tarjetas de crédito, préstamos personales, de autos, hipotecarios y comerciales, lo que implica el congelamiento de los saldos, la revisión de las carteras y de las tasas de interés aplicadas a estos créditos, en atención a la difícil situación económica que enfrentará la población panameña debido al cierre de un gran número de empresas y las medidas aplicadas por otras para afrontar la caída de la demanda, producto de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias para afrontar la pandemia de COVID-19.

Las medidas anunciadas por la banca evidentemente responden al malestar de gran parte de la población que ante el cierre forzoso de empresas y la paralización económica que vive el país enfrentan el reto de no poder hacer frente a sus compromisos financieros.

Hay que tener claro que no se trata de una acción altruista, aún cuando lo parezca, sino una decisión de negocios que llega de la mano de la necesidad y obligada por las circunstancias, porque es evidente que de no aplazarse el pago de estos compromisos un gran número de clientes podrían entrar en morosidad. Peor aún, un gran número de préstamos podrían caer en impago, obligando a los bancos a recuperar un gran número de autos y bienes inmobiliarios, que en las condiciones actuales, simplemente no podrán volver a colocar, generando una situación crítica en el sistema financiero.

El problema, a mi juicio, es que las medidas adoptadas por la banca son a todas luces insuficientes porque todo indica que las medidas de distanciamiento social aplicadas por las autoridades sanitarias son cada vez más drásticas, lo que tiene un impacto devastador sobre la economía del país, llevando a las empresas a una situación crítica, lo que se traducirá en un incremento de la tasa de desempleo en los próximos meses.

A estos hay que sumar que el 49% de la Población Económicamente Activa de Panamá son trabajadores informales.

que se ganan la vida día a día y cuyos ingresos se han desplomado debido a la actual situación que vive el país.

Es importante que la banca tenga una comprensión más amplia de la situación que enfrenta el país y la población, porque de no hacerlo el impacto de los préstamos que entrarán en morosidad terminarán por llevar a nuestro sistema financiero a una crisis devastadora, de la cual pocos bancos podrán sobrevivir.